La acción judicial fue declarada improcedente dos veces y ahora espera ser seleccionada por la Corte Constitucional. Los indígenas del Amazonas y el Vaupés buscan soluciones efectivas ante la falta de control de la extracción ilegal de oro.
Según cuenta la tradición indígena, a orillas de los ríos Pirá Paraná, Apaporis, Mirití Paraná, Caquetá y Vaupés, en la Amazonia, desde hace miles de años habitan los espíritus que protegen la selva. Unos guardianes que cuidan lugares sagrados interconectados en los que viven más de treinta pueblos étnicos que hacen parte de lo que se conoce como el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Un espacio geográfico en el que, según las creencias ancestrales, los indígenas coexisten como iguales junto con el agua, los árboles y las especies que componen el territorio que, en sus palabras, es “la vida misma”.
Desde allí, en medio de una de las zonas más conservadas de la región, gracias al sistema de conocimientos ancestrales y la forma como los treinta pueblos indígenas se relacionan con la naturaleza, se pensaron las palabras que hoy se pueden leer en el documento de una demanda que busca que el Estado actúe contra la extracción ilegal de oro en la Amazonia. “El oro, el carbón, el cuarzo y las piedras preciosas son componentes fundamentales de la vida y para la vida, razón por la cual no se deben explotar. El oro es un elemento para la curación del territorio”, señala el documento de tutela, que fue declarado improcedente por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, y no fue seleccionado por la Corte Constitucional en una primera oportunidad.
La tutela, en representación de las comunidades indígenas del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, busca la respuesta del Estado ante los daños ecológicos y culturales que ha causado la extracción de oro en zonas sagradas. Afectaciones que además han sido denunciadas más de veinte veces, desde el año 2000, a través de acciones populares, estudios de impacto, cartas y alertas presentadas a instancias judiciales y autoridades ambientales, que a la fecha no han dado ninguna solución efectiva.
Para la Fundación Gaia Amazonas, la Procuraduría General de la Nación y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), que acompañan a las comunidades indígenas en el proceso judicial, es claro que la minería ilegal genera impactos irreversibles en el medio ambiente, la salud y la cultura de los indígenas. Una de las afectaciones tal vez más evidentes es el uso del mercurio, una sustancia altamente tóxica, en los procesos de separación del oro, un elemento pesado que tiene una particularidad y es su capacidad de acumularse en el ambiente.